Los tres partidos pondrán la decisión en conocimiento de la Fiscalía.
Bildu y el PP aprobaron el contrato en el último Pleno, pese a los informes contrarios de la secretaría y la interventora del Ayuntamiento.
Foto (ETXEBERRIA): Coches y furgonetas aparcadas de ‘aquella manera’ esta semana en Foruen Plaza.
Los portavoces municipales de PNV, PSE-EE y Ezker Anitza han anunciado que pondrán en conocimiento de la Fiscalía la prolongación del contrato de la empresa que gestiona la OTA en Zarautz, para que ésta adopte «las medidas pertinentes». Bildu aprobó prolongar este contrato con el voto a favor del PP durante el Pleno del pasado miércoles y por trámite de urgencia, pese a contar con dos informes negativos, uno firmado por la secretaria y el técnico de administración general del Ayuntamiento, y otro firmado por la interventora. Los tres partidos de la oposición tachan de «gravísima» la decisión, ya que Bildu y PP «han decidido tirar para adelante a sabiendas de que es contraria a la ley».
El contrato prolongado el pasado miércoles se firmó el 26 de septiembre de 2006 por una duración de cuatro años, siendo susceptible de prórrogas por periodos anuales, sin que la duración total pudiera exceder los ocho años. Una vez agotado el mismo, la empresa adjudicataria estaba obligada a seguir al frente de la explotación durante un máximo de seis meses, si así lo disponía el Ayuntamiento, tal y como se hizo finalmente. «Es decir, el contrato podía durar un máximo de ocho años y seis meses, plazo que terminaba exactamente el martes pasado, día 25. Y Bildu y el PP decidieron alargarlo pese a los informes en contra de los técnicos», denuncian.
Dichos informes fueron leídos a «viva voz» por la secretaria del Ayuntamiento en la sesión plenaria del miércoles. El de secretaria y fiscalización dice textualmente que el contrato «no se puede prolongar», y que «había que haber procedido a la licitación de un nuevo contrato con anterioridad, para causar el menor perjuicio posible a los servicios municipales». El informe de intervención, por su parte, afirma que la prórroga «no tiene conformidad jurídica», y que «había que haber realizado un nuevo proceso de licitación».
Informes ocultos
PNV, PSE-EE y Ezker Anitza explican que Bildu ocultó estos informes hasta el final, y que trató de aprobar «una prórroga irregular colando el tema por urgencia a última hora en el Pleno. Ni siquiera rectificó cuando los informes fueron leidos a petición nuestra, pese a que les planteamos alternativas, por ejemplo que fueran los municipales los que se hicieran cargo provisionalmente del servicio. Han hecho caso omiso de una advertencia de ilegalidad, por lo que estamos ante un hecho gravísimo y denunciable, que roza la prevaricación. Más aún cuando el concejal responsable reconocío en pleno que está actuando de forma incorrecta».
Añaden que esta decisión es un «ejemplo más» de una gestión «negligente, irresponsable y basada en la imposición». «Bildu sabía desde que entró cuándo caducaba la concesión. En más de una ocasión se le ha advertido que redactara unos pliegos nuevos y convocara un nuevo concurso abierto, o que tomara alguna otra medida respectiva a la OTA. Ha tenido tiempo de sobra pero una vez más le ha pillado el toro». Consideran «muy triste» que Bildu recurra a última hora a «excusas de mal estudiante, como la carga de trabajo»: «Podía haber subcontratado este trabajo con un contrato menor, tal y como hace a menudo cuando le conviene dar contratos a dedo».
Pérdida de credibilidad
Las tres formaciones políticas coinciden al afirmar que Bildu ha perdido ya toda su credibilidad. «El equipo de Gobierno y el alcalde son los responsables de cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y las leyes. ¿Con qué legitimidad va a multar y sancionar a los zarauztarras un gobierno que se salta a la torera la misma ley por cuyo cumplimiento tiene que velar?». Recuerdan que no es la primera vez que Bildu incurre en irregularidades. «Ya lo hizo con la rotonda, o con los cambios implantados en la OTA en el añó 2013. También en aquella ocasión un informe de secretaría acreditó la ilegalidad de las modificaciones. Y también en aquella ocasión lo aprobó con el apoyo y respaldo del PP».
Por todo ello, recalcan que, en su ejercicio de responsabilidad y control de la tarea de gobierno, trasladarán la decisión tomada en el pleno que se llevó a cabo el pasado miércoles a los tribunales, «para que éstos tomen las decisiones que hayan que tomar».